¿Qué entendemos realmente por inclusión? ¿y en la educación?

 Estimados amigos:

En la literatura especializada se ha ido consolidando la idea de que la inclusión educativa es, ante todo, un proceso permanente de identificación y eliminación de barreras que impiden la presencia, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, con especial atención a quienes se encuentran en mayor riesgo de exclusión. Azorín y Ainscow definen la inclusión como un proceso continuo mediante el cual la comunidad escolar reconoce y remueve barreras, promoviendo la participación estudiantil en todas sus dimensiones, curriculares, sociales y culturales.

En la misma línea, el denominado “Índice de inclusión” de Booth y Ainscow entiende la inclusión no solo como acceso de estudiantes con discapacidad a escuelas comunes, sino como el compromiso ético de transformar culturas, políticas y prácticas para eliminar o minimizar barreras al aprendizaje y la participación de todo el alumnado. La UNESCO, por su parte, subraya que los sistemas educativos inclusivos deben acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones personales, culturales o sociales, lo que supone revisar críticamente cualquier forma de segregación o jerarquización entre estudiantes “normales” y “otros”.

Desde esta perspectiva, la inclusión se vincula estrechamente con la igualdad de derechos y la justicia social, en tanto busca asegurar una educación de calidad para todos, valorando la diversidad como fuente de enriquecimiento y no como problema a gestionar. No se trata únicamente de incorporar a quienes han sido históricamente marginados, sino de transformar el proyecto educativo para que la diferencia —de origen, de cuerpo, de cultura, de orientación sexual— deje de ser motivo de selección, expulsión o silenciamiento.

La preocupación por la exclusión de estudiantes con discapacidad física —aquellos que se desplazan en muletas o utilizan sillas de ruedas— pone en evidencia una comprensión muy restringida de la inclusión escolar, que suele reducirla a la existencia o no de “infraestructura adecuada” o de “protocolos de seguridad”. En no pocos establecimientos, el argumento “el colegio no tiene inclusión y, si les pasa algo, es nuestra responsabilidad” encubre una decisión profundamente política: ante el dilema de adaptar la escuela o excluir al estudiante, se opta por la exclusión. La responsabilidad se presenta como excusa para la inacción.

Resulta legítimo reconocer que ciertas discapacidades intelectuales o múltiples pueden requerir apoyos especializados y, eventualmente, dispositivos educativos específicos, siempre que ello no signifique renunciar al horizonte común de una educación lo más compartida posible. Sin embargo, cuando se rechaza a un estudiante por su mera movilidad reducida, lo que se manifiesta no es falta de recursos, sino la ausencia de voluntad de transformar la organización escolar, su infraestructura y sus culturas para garantizar el derecho a la educación. La inclusión, en este punto, deja de ser un problema técnico y se revela como un problema ético.

La voluntad de incluir exige preguntarse qué entiende el establecimiento por “riesgo” y por “normalidad”. El riesgo suele asociarse al costo de adaptar espacios o a la eventualidad de un accidente, pero raramente se evalúa el costo vital de la exclusión: el mensaje de que ciertos cuerpos son incompatibles con la escuela, de que la diferencia constituye una amenaza y no una oportunidad para revisar las formas de habitar el espacio educativo. En otras palabras, la inclusión no comienza con una rampa, sino con una decisión de comunidad: nadie debe quedar afuera; luego, en coherencia con esa decisión, se buscan las soluciones técnicas y pedagógicas pertinentes.

¿Y en las disidencias sexuales?

La reflexión sobre inclusión no puede limitarse al campo de la discapacidad; debe incorporar también las experiencias de estudiantes que viven disidencias sexuales y de género. Diversos estudios en contextos latinoamericanos han mostrado que la escuela se ha construido históricamente desde la presunción de un estudiante prototipo: heterosexual, cisgénero, ajustado a normas de masculinidad o feminidad socialmente hegemónicas. Todo aquello que se aparta de este molde suele enfrentar burlas, silencios, sanciones informales o formales, a veces bajo el pretexto de “mantener el orden” o “proteger al resto”.

La exclusión de estudiantes LGBTIQ+ puede adoptar formas abiertas —acoso, hostigamiento, negación del uso de nombre social, imposición de códigos de vestimenta que niegan la identidad de género— o expresarse en políticas aparentemente neutras que no reconocen sus realidades, por ejemplo, la ausencia total de contenidos sobre diversidad sexual en el currículum. En estos casos, la escuela no solo no protege, sino que produce sufrimiento, deserción y silenciamiento, dejando la carga de la adaptación en el estudiante y no en la institución.

Hablar de inclusión en relación con las disidencias sexuales implica asumir que la escuela forma subjetividades y, por tanto, puede contribuir a reproducir la homofobia y la transfobia, o a desmantelarlas. Ello requiere políticas explícitas de no discriminación, protocolos frente a la violencia, formación docente en diversidad sexual y, sobre todo, una cultura escolar que legitime la existencia de distintas maneras de vivir el cuerpo, el deseo y la identidad. La voluntad de incluir, en este ámbito, se verifica en la disposición a revisar prácticas cotidianas que naturalizan el insulto, el chiste sexista o la invisibilización sistemática de algunos estudiantes.

¿Y en los Pueblos originarios, afrodescendientes y otras diversidades?

En Chile y en la región, la inclusión escolar también se cruza con historias de racismo y colonialismo que han afectado a pueblos originarios y a personas afrodescendientes. La escuela moderna se ha levantado, muchas veces, sobre la idea de una cultura nacional homogénea, que define un idioma, una historia y unos símbolos como legítimos, mientras relega otros saberes y memorias al ámbito de lo “folclórico” o lo “exótico”. En este marco, estudiantes mapuche, aymara, afrodescendientes u otros pueden experimentar la escuela como un espacio en el que su origen es tolerado, pero no verdaderamente reconocido.

Los estudios sobre convivencia escolar para la inclusión en Chile muestran que pueblos originarios y personas afrodescendientes sufren discriminación y violencia basadas en un racismo que idealiza la piel blanca y asocia la piel oscura con déficit, violencia o flojera. Esta discriminación se expresa tanto en agresiones explícitas como en prácticas sutiles: menor expectativa académica, comentarios despectivos, ausencia de referentes positivos en el currículum, deslegitimación de lenguas y expresiones culturales propias. La exclusión, en estos casos, no siempre se traduce en expulsiones formales, pero se manifiesta en experiencias cotidianas de humillación y desvalorización.

La inclusión, frente a estas realidades, no puede reducirse a conmemorar fechas específicas o a organizar actividades aisladas de “rescate cultural”. Supone, más bien, abrir la escuela a una comprensión intercultural de la educación: reconocer las múltiples formas de conocer, de narrar la historia, de relacionarse con el territorio, y hacerlas dialogar en condiciones de mayor simetría. En este sentido, la voluntad de incluir se expresa en decisiones curriculares, en los materiales que se seleccionan, en las lenguas que se escuchan en el aula y en la disposición a cuestionar jerarquías raciales y culturales arraigadas en la propia institución.

Una invitación a la reflexión

Volver sobre estos ejemplos —discapacidad física, disidencias sexuales, pueblos originarios, afrodescendientes y otros colectivos históricamente marginados— permite constatar que la inclusión escolar no se juega solo en el nivel de la normativa ni en la presencia de determinados recursos materiales, aunque estos sean indispensables. Se juega, sobre todo, en la forma en que las comunidades educativas se piensan a sí mismas: como espacios que seleccionan a quienes se ajustan a un modelo previo, o como espacios que se transforman para acoger la pluralidad de quienes efectivamente existen en la sociedad.

La pregunta por la inclusión nos obliga a revisar las justificaciones con que naturalizamos exclusiones cotidianas: “no hay recursos”, “no hay infraestructura”, “no estamos preparados”, “no es el perfil del colegio”. En muchos casos, estos enunciados esconden un temor a cambiar prácticas arraigadas, a redistribuir poder dentro de la escuela, a cuestionar prejuicios que parecen de sentido común. La voluntad de incluir comienza, entonces, por reconocer ese temor y decidir enfrentarlo colectivamente, colocando en el centro el derecho de cada estudiante a aprender, participar y ser reconocido en su dignidad.

Finalmente, pensar la inclusión como un proceso inacabado invita a abandonar la ilusión de que existe un “estado alcanzado” que pueda certificarse de una vez y para siempre. Cada nuevo estudiante, cada nueva diferencia que se hace visible, tensiona las fronteras de lo que la escuela considera posible y legítimo. Tal vez el primer gesto verdaderamente inclusivo consista en estar dispuestos a incomodarnos: a escuchar experiencias que desestabilizan nuestras certezas, a admitir que también hemos sido parte de prácticas excluyentes y a abrir la pregunta, siempre vigente, por cómo queremos convivir en la escuela y en la sociedad que esta contribuye a construir. Esa incomodidad, si se asume con honestidad, puede ser el punto de partida de una transformación pedagógica y ética que ya no permita justificar la exclusión —de nadie— en nombre de la responsabilidad.

Observación: Las fotos y el texto es escrito con I.A, pero esto lo que hizo fue simplemente ordenar y redactar adecuadamente nuestro pensamiento previamente plasmado en una redacción previa.

Un abrazo

El equipo de RepositorioDigital.CL