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lunes, 19 de octubre de 2026

Los creyentes serían estructuralmente intolerantes y los ateos ateas serían portadoras naturales de la tolerancia ¿verdad o mentira?

 


Resumen: El artículo examina una tesis extendida en el debate público. Según ella, las personas creyentes serían estructuralmente intolerantes y las personas ateas serían, por contraste, portadoras naturales de la tolerancia. A partir de la psicología social del prejuicio, la teoría política de la tolerancia y el pensamiento intercultural crítico, se sostiene que la evidencia respalda una asociación entre ciertas formas de religiosidad y el prejuicio, en particular el fundamentalismo. Esa misma evidencia, sin embargo, no respalda la superioridad moral del no creyente. Se propone desplazar el análisis en dos sentidos: desde la identidad de convicción hacia la estructura cognitiva y política del dogmatismo, y desde el reproche identitario hacia la reciprocidad deliberativa.

1. Introducción: una asimetría que se presenta como evidente

La afirmación de que los creyentes son intolerantes y los ateos tolerantes circula con la fuerza de lo obvio. La historia parece respaldarla: la Inquisición, las guerras de religión y, en el presente, la resistencia confesional a los derechos sexuales y reproductivos. En Chile, varios debates han consolidado la imagen del creyente como obstáculo para la ampliación de derechos: la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (Ley 21.030), el matrimonio igualitario (Ley 21.400) y la educación sexual integral. Sin embargo, una tesis que se presenta como evidente merece sospecha académica. Esa sospecha no apunta solo a lo que afirma sobre el otro, sino también a lo que omite sobre quien la enuncia.

2. Lo que dice la evidencia: religiosidad y prejuicio

Desde Allport y Ross (1967), la psicología social ha documentado que la relación entre religión y prejuicio no es lineal, sino que depende de la orientación religiosa. El metaanálisis de Hall, Matz y Wood (2010) confirma una asociación entre identificación religiosa y prejuicio racial. Esa asociación es más intensa en las orientaciones extrínsecas y fundamentalistas, y más débil en la religiosidad de búsqueda. El dato es relevante, pero su alcance es acotado. Lo que predice el prejuicio no es la creencia en lo trascendente, sino una forma específica de sostenerla: la certeza cerrada, la frontera rígida entre el grupo propio y el ajeno, y la sacralización de la norma.

3. El reverso: dogmatismo no religioso y prejuicio contra creyentes

Si el problema es el dogmatismo, cabe preguntarse si el no creyente está exento, y la evidencia sugiere que no lo está. Uzarevic, Saroglou y Clobert (2017) encontraron que las personas no creyentes no eran menos dogmáticas que las creyentes en varias medidas, y que exhibían mayor sesgo hacia las personas religiosas. La hipótesis del conflicto ideológico (Brandt et al., 2014) muestra que, en todos los polos, la intolerancia se dirige hacia quienes sostienen visiones de mundo opuestas. A la inversa, Gervais, Shariff y Norenzayan (2011) documentan una desconfianza persistente hacia los ateos en sociedades de mayoría religiosa. El cuadro resultante no es una asimetría moral, sino una simetría estructural modulada por relaciones de poder.

4. La tolerancia como dispositivo: quién tolera a quién

Marcuse (1965) advirtió que la tolerancia puede operar como mecanismo de conservación del orden. Brown (2006) mostró, además, que la tolerancia entendida como discurso de gobierno presupone una jerarquía: tolera quien tiene poder para no hacerlo. Desde esta perspectiva foucaultiana, autoproclamarse tolerante es también una forma de posicionarse.

El sujeto secular ilustrado a veces se instituye como polo tolerante por definición. Al hacerlo, reproduce una jerarquía civilizatoria que Quijano (2000) identificaría con la colonialidad del saber, es decir, con la razón moderna erigida en medida de todas las formas de vida. En América Latina, ese gesto se dirige con frecuencia contra las religiosidades populares, los pentecostalismos de sectores empobrecidos y las espiritualidades indígenas. Sus portadores son leídos como atrasados antes que escuchados. Como recuerda Taylor (2007), la neutralidad secular no es un punto de vista desde ninguna parte.

5. Laicidad e interculturalidad: de la sospecha identitaria a la reciprocidad

Habermas (2006) propone una distribución simétrica de cargas. Los ciudadanos creyentes deben traducir sus razones a un lenguaje públicamente accesible, y los seculares no deben descartar a priori el potencial de verdad de las tradiciones religiosas. La interculturalidad crítica (Walsh, 2009) radicaliza esta exigencia: no basta la coexistencia tolerada, sino que se requiere transformar las condiciones asimétricas del diálogo.

El ordenamiento chileno ofrece un marco formal coherente con este horizonte. La Ley 19.638 consagra la igualdad de las entidades religiosas, y la Ley 20.609 prohíbe la discriminación arbitraria fundada en religión o creencia. Sin embargo, ese marco no resuelve la tensión que surge cuando la libertad religiosa se invoca para restringir derechos de terceros, por ejemplo mediante la objeción de conciencia institucional.

Conclusiones

La tesis de los creyentes intolerantes frente a los ateos tolerantes es empíricamente parcial y políticamente funcional. Simplifica conflictos complejos sobre derechos y moviliza identidades en lugar de argumentos. La evidencia apunta a que el predictor del prejuicio es el dogmatismo, una disposición transversal a las convicciones, y no la fe ni su ausencia.

Ello no exime de crítica a las instituciones religiosas. Su ejercicio histórico de poder para normar cuerpos, sexualidades y conciencias es real y debe ser examinado. Pero la crítica legítima se dirige a estructuras, doctrinas y alianzas de poder, no a las personas creyentes como categoría. Del mismo modo, invocar la libertad religiosa para negar derechos ajenos no constituye tolerancia, sino su contrario.

Un pluralismo que excluye a los creyentes del espacio público en nombre de la razón no es pluralismo, sino otra ortodoxia. La inclusión no debe medirse por el contenido de la convicción, sino por la disposición a la reciprocidad: reconocer al otro como interlocutor válido incluso cuando su verdad nos resulta ajena. Esa es la exigencia más incómoda de la interculturalidad crítica, y ningún polo de este debate la ha cumplido plenamente.

Nota de autor: El contenido textual y las imágenes de esta publicación han sido generados con apoyo de inteligencia artificial. Sin embargo, la historia, los hechos y los testimonios aquí relatados son completamente reales. El texto original fue elaborado previamente por el autor, y la IA se ha utilizado únicamente para reorganizar y dar forma narrativa al contenido sin alterar su veracidad.

Referencias

Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). Personal religious orientation and prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 5(4), 432–443.

Brandt, M. J., Reyna, C., Chambers, J. R., Crawford, J. T., & Wetherell, G. (2014). The ideological-conflict hypothesis. Current Directions in Psychological Science, 23(1), 27–34.

Brown, W. (2006). Regulating aversion: Tolerance in the age of identity and empire. Princeton University Press.

Gervais, W. M., Shariff, A. F., & Norenzayan, A. (2011). Do you believe in atheists? Journal of Personality and Social Psychology, 101(6), 1189–1206.

Habermas, J. (2006). Entre naturalismo y religión. Paidós.

Hall, D. L., Matz, D. C., & Wood, W. (2010). Why don’t we practice what we preach? Personality and Social Psychology Review, 14(1), 126–139.

Marcuse, H. (1965). Repressive tolerance. En R. P. Wolff, B. Moore & H. Marcuse, A critique of pure tolerance (pp. 81–117). Beacon Press.

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander (Comp.), La colonialidad del saber (pp. 201–246). CLACSO.

Taylor, C. (2007). A secular age. Harvard University Press.

Uzarevic, F., Saroglou, V., & Clobert, M. (2017). Are atheists undogmatic? Personality and Individual Differences, 116, 164–170.

Walsh, C. (2009). Interculturalidad, Estado, sociedad: Luchas (de)coloniales de nuestra época. Abya-Yala.

jueves, 1 de octubre de 2026

¿Qué ocurre cuando prácticas legitimadas como «cultura» por los adultos de una comunidad afectan los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA)?


Este artículo examina una de las tensiones más incómodas de la interculturalidad contemporánea: qué ocurre cuando prácticas legitimadas como «cultura» por los adultos de una comunidad afectan los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA). Se sostiene que el relativismo cultural y el universalismo abstracto comparten una misma operación: hablar en nombre de los NNA sin escucharlos. Se propone la interculturalidad crítica, con la participación de NNA como criterio de legitimidad, como salida a este falso dilema.

1. Introducción: el dilema que la corrección política evita

Pocas preguntas dividen tanto al campo de la diversidad como esta: ¿puede una cultura invocar su continuidad para justificar prácticas que el Estado considera lesivas para sus NNA? En Chile, donde la Ley N.º 21.430 (2022) consagra el interés superior de la niñez y el Convenio 169 de la OIT (1989) protege las instituciones y costumbres de los pueblos indígenas, ambos mandatos pueden colisionar. El debate suele resolverse por evasión: el multiculturalismo teme ser acusado de complicidad y el liberalismo conservador aprovecha el dilema para desacreditar todo enfoque intercultural. Este texto rechaza ambas comodidades.

2. Reconocimiento versus universalidad

Taylor (1993) sostiene que la identidad se forma en el reconocimiento y que su negación constituye una forma de opresión. Sin embargo, reconocer a «un grupo» presupone que este habla con una sola voz. Okin (1999) objetó esa premisa: los derechos colectivos pueden consolidar jerarquías internas, en particular de género y de edad. Fraser (2008) ofrece una salida parcial al exigir paridad de participación tanto entre los grupos como dentro de ellos. La pregunta decisiva, entonces, no es si la cultura merece respeto, sino quién está autorizado a definir qué es «la cultura».

3. La cultura como coartada adultocéntrica

Las uniones tempranas, el castigo corporal «formativo», el trabajo infantil en economías familiares o las decisiones médicas tomadas en nombre de la tradición comparten un rasgo: quienes las defienden como patrimonio son adultos, y quienes las soportan son NNA. Invocar la «cosmovisión» puede operar, así, como un dispositivo que naturaliza el poder adulto, de modo análogo a los regímenes de verdad que Foucault (1998) describió como legitimadores de la sujeción. La lectura interseccional (Crenshaw, 1991) vuelve inevitable la constatación: edad, género y pertenencia étnica se superponen, y una niña indígena rural puede quedar invisibilizada por el Estado, que no ve su cultura, y por su comunidad, que no ve su agencia.

4. El reverso: el rescate colonial

El universalismo abstracto, sin embargo, tampoco es inocente. Spivak (1988) advirtió que la retórica del salvamento de mujeres racializadas frente a sus propios hombres ha servido históricamente para justificar la intervención colonial. Hoy el gesto reaparece cuando el Estado interviene con rigor punitivo en familias indígenas o migrantes, mientras tolera prácticas equivalentes en los sectores mayoritarios: el castigo físico sigue siendo ampliamente aceptado en hogares de todo origen. Santos (2002) propone una hermenéutica diatópica en que los derechos humanos dialoguen con otras concepciones de dignidad en lugar de imponerse como código monocultural, y Mahmood (2005) recuerda que la agencia no se agota en la resistencia al orden tradicional: el rechazo automático puede ignorar los sentidos que sus protagonistas otorgan a lo que hacen.

5. Interculturalidad crítica: la voz de NNA como criterio

Walsh (2009) distingue la interculturalidad funcional, que administra la diferencia sin alterar las estructuras, de la crítica, que interpela las relaciones de poder que la producen. Aplicada a este dilema, la segunda exige cambiar la pregunta: no «¿cultura o derechos?», sino «¿quién decide y con qué participación de los afectados?». El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) entrega una herramienta: el derecho de NNA a ser oídos y a que su opinión se pondere según su madurez. Una práctica cultural legítima sería aquella que resiste el examen de la deliberación intergeneracional, y no la que meramente coincide con el canon estatal o con el pasado comunitario.

Conclusiones

Desde una mirada crítica, se desprenden cuatro ideas. Primero, el relativismo cultural sin condiciones es una forma de abandono: renuncia a proteger a quienes ocupan la posición más vulnerable dentro de la propia comunidad. Segundo, el universalismo punitivo constituye una colonialidad selectiva, que sanciona con dureza la diferencia visible y naturaliza el daño cuando proviene de la norma mayoritaria. Tercero, la salida no es un punto medio tibio, sino un desplazamiento: reconocer a los NNA como sujetos políticos de la interculturalidad. Cuarto, ello tiene costos: obliga a las comunidades a admitir que su cultura es plural y cambiante, y al Estado a reconocer que su supuesta neutralidad es también una cultura. Quien defienda una interculturalidad que no incomode a nadie la está reduciendo a su versión funcional. Como limitación, el análisis es teórico y requiere contraste empírico con las propias comunidades y con los NNA involucrados.

Nota de autor: El contenido textual y las imágenes de esta publicación han sido generados con apoyo de inteligencia artificial. Sin embargo, la historia, los hechos y los testimonios aquí relatados son completamente reales. El texto original fue elaborado previamente por el autor, y la IA se ha utilizado únicamente para reorganizar y dar forma narrativa al contenido sin alterar su veracidad.

Referencias

Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. Stanford Law Review, 43(6), 1241-1299.

Foucault, M. (1998). Historia de la sexualidad: Vol. 1. La voluntad de saber. Siglo XXI. (Obra original publicada en 1976).

Fraser, N. (2008). Escalas de justicia. Herder.

Mahmood, S. (2005). Politics of piety: The Islamic revival and the feminist subject. Princeton University Press.

Okin, S. M. (1999). Is multiculturalism bad for women? En J. Cohen, M. Howard y M. Nussbaum (Eds.), Is multiculturalism bad for women? (pp. 7-24). Princeton University Press.

Organización Internacional del Trabajo. (1989). Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales.

Organización de las Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño.

Santos, B. de S. (2002). Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos. El Otro Derecho, 28, 59-83.

Spivak, G. C. (1988). Can the subaltern speak? En C. Nelson y L. Grossberg (Eds.), Marxism and the interpretation of culture (pp. 271-313). University of Illinois Press.

Taylor, C. (1993). El multiculturalismo y la política del reconocimiento. Fondo de Cultura Económica.

Walsh, C. (2009). Interculturalidad, Estado, sociedad: Luchas (de)coloniales de nuestra época. Universidad Andina Simón Bolívar / Abya-Yala.

Ley N.º 21.430 (2022). Sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.


jueves, 10 de septiembre de 2026

La autoadscripción indígena bajo sospecha: “fraude étnico”, escaños reservados y la administración estatal de la identidad



El principio de autoidentificación consagrado en el Convenio 169 de la OIT constituye una de las conquistas más significativas del derecho internacional de los pueblos indígenas. Su traducción en políticas de acción afirmativa —escaños reservados, cupos universitarios, subsidios diferenciados— ha reactivado, sin embargo, una pregunta incómoda: quién y con qué autoridad certifica la pertenencia étnica. Este artículo analiza críticamente el debate sobre el llamado “fraude étnico” en Chile y América Latina, sosteniendo que la disputa no versa realmente sobre impostores individuales, sino sobre la reinstalación del Estado como árbitro de la identidad indígena. Desde la colonialidad del poder (Quijano), la crítica al reconocimiento (Fraser, Coulthard) y la interculturalidad crítica (Walsh), se argumenta que tanto la sospecha generalizada como la autoadscripción irrestricta operan dentro de una misma gramática: la que convierte la identidad en credencial de acceso a recursos escasos.

Palabras clave: autoidentificación; fraude étnico; escaños reservados; colonialidad; interculturalidad crítica.

1. El problema: de derecho fundamental a criterio de elegibilidad

El artículo 1.2 del Convenio 169 de la OIT establece que la conciencia de la identidad indígena “deberá considerarse un criterio fundamental” para determinar los grupos a quienes se aplican sus disposiciones. La norma nació como escudo frente a siglos de clasificación heterónoma: censos coloniales, registros parroquiales, políticas de blanqueamiento y categorías raciales impuestas desde el aparato estatal. Su lógica es antihegemónica por diseño: nadie fuera del sujeto y su comunidad puede negar lo que ese sujeto declara ser.

El desplazamiento problemático ocurre cuando ese principio migra desde el campo del reconocimiento hacia el de la distribución. Al vincular la declaración de pertenencia con escaños parlamentarios, vacantes universitarias, tierras o transferencias monetarias, el Estado transforma una categoría identitaria en un criterio de elegibilidad administrativa. Y todo criterio de elegibilidad, por su propia naturaleza burocrática, demanda verificación. Allí se abre el conflicto: un derecho concebido para desactivar el poder clasificatorio del Estado termina reclamando su intervención.

2. El “fraude étnico” como categoría en disputa

La acusación de fraude étnico —denunciada con creciente intensidad en Brasil respecto de las cuotas universitarias, en Canadá y Estados Unidos bajo la etiqueta del pretendianism, y en Chile a propósito de los escaños reservados del proceso constituyente y de la calidad de indígena regulada por la Ley 19.253— designa el aprovechamiento de beneficios diferenciados mediante una adscripción instrumental. Empíricamente, el fenómeno existe y es documentable. Analíticamente, la categoría es mucho menos estable de lo que sugiere su uso público.

El problema es que la frontera entre fraude y reetnificación resulta indecidible en casos frecuentes. Familias despojadas de su lengua por la escolarización castellanizante, apellidos alterados en los registros civiles del siglo XX, migraciones internas que rompieron el vínculo territorial: en esas trayectorias, la recuperación de la identidad en la generación actual puede leerse como restitución o como oportunismo, según qué se considere prueba. El fraude étnico presupone, así, una autenticidad verificable cuya definición es precisamente lo que el colonialismo destruyó.

3. Colonialidad del poder y la producción estatal de la etnicidad

Quijano (2000) mostró que la clasificación racial no fue un efecto lateral de la conquista, sino el dispositivo mediante el cual se organizó el trabajo, el territorio y la autoridad en América. Desde esa clave, cada exigencia de acreditación étnica reactiva un gesto colonial: el Estado se arroga la potestad de determinar quién es indígena, aunque ahora lo haga en clave de justicia y no de sometimiento. La forma se conserva mientras cambia la intención.

Coulthard (2014) radicaliza el argumento: la política del reconocimiento, cuando es otorgada por el mismo Estado que consumó el despojo, tiende a reproducir la relación colonial bajo un lenguaje liberal. El reconocimiento se convierte en una concesión revocable, sujeta a los criterios de quien la concede. La discusión sobre el fraude étnico ilustra esa dinámica con precisión: obliga a los pueblos indígenas a demostrar su existencia ante la institucionalidad que históricamente intentó suprimirla, y desplaza el debate desde la restitución de tierras, aguas y jurisdicción hacia la depuración de padrones.

4. Reconocimiento sin redistribución: la trampa de las cuotas

Fraser (1997) advirtió que las políticas de reconocimiento pueden desactivar las demandas redistributivas al convertir la injusticia estructural en un asunto de estatus cultural. Los mecanismos de cupos ofrecen un caso ejemplar: distribuyen posiciones dentro de instituciones cuya arquitectura permanece intacta, y lo hacen sobre un stock fijo de plazas. Esa escasez es la que produce la vigilancia mutua entre postulantes y la sospecha hacia el vecino, no la existencia de impostores.

La consecuencia política es notable: el conflicto se horizontaliza. Comunidades y organizaciones terminan disputando entre sí la legitimidad de las credenciales, mientras las condiciones materiales que motivaron la acción afirmativa —desposesión territorial, brechas de ingreso, criminalización de la protesta, ausencia de educación intercultural bilingüe con financiamiento suficiente— quedan fuera de la agenda. La pregunta “¿quién es realmente indígena?” desplaza a la pregunta “¿qué se le debe a los pueblos indígenas?”.

5. Interculturalidad crítica y control comunitario de la pertenencia

Walsh (2009) distingue la interculturalidad funcional —que incorpora la diversidad sin alterar la matriz de poder— de la interculturalidad crítica, orientada a transformar las estructuras que producen la subordinación. Aplicada al problema de la pertenencia, esa distinción sugiere una salida que no es ni la autoadscripción declarativa ni la certificación estatal: el reconocimiento de la competencia de las propias comunidades para definir su membresía, conforme al derecho propio y con efectos jurídicos plenos.

La propuesta no está exenta de riesgos. La entrega de esa potestad puede consolidar liderazgos excluyentes, invisibilizar a personas de doble filiación, a quienes crecieron en contextos urbanos o a mujeres cuya membresía se ha vinculado históricamente a la de sus cónyuges, como mostró el caso Lovelace c. Canadá ante el Comité de Derechos Humanos. La libre determinación no garantiza por sí sola justicia interna, y una interculturalidad crítica seria debe sostener simultáneamente la autonomía colectiva y la crítica feminista e interseccional (Crenshaw, 1991) de sus ejercicios concretos.

Conclusiones desde una mirada crítica

El debate sobre el fraude étnico está mal planteado en su formulación dominante. Al presentarse como un problema de integridad individual, oculta que la escasez de los beneficios en disputa, y no la abundancia de impostores, es la variable que genera el conflicto. Ampliar los mecanismos de reparación reduciría la presión sobre las credenciales de manera más eficaz que cualquier régimen de fiscalización.

Toda solución que reinstale al Estado como certificador de la identidad indígena reproduce, con signo invertido, el dispositivo clasificatorio colonial. La eficacia administrativa de un registro no lo vuelve políticamente neutral: define, mediante requisitos probatorios, qué formas de indigeneidad son legibles y cuáles quedan fuera, con un sesgo previsible contra las trayectorias urbanas, mestizas y desmemoriadas por la propia acción estatal.

La autoadscripción irrestricta, sin embargo, no puede sostenerse como respuesta suficiente cuando opera desacoplada de todo vínculo comunitario. Sin ese anclaje, la identidad se aproxima peligrosamente a una elección de consumo dentro de un mercado de reconocimientos, y desplaza recursos destinados a quienes soportan efectivamente los costos de la subordinación étnica.

El desplazamiento defendible es de escala institucional: reconocer a las comunidades como sujetos competentes para determinar su membresía, sometiendo ese ejercicio a estándares de no discriminación exigibles. Ello implica aceptar un pluralismo jurídico real, con la incomodidad que supone para la lógica registral del Estado chileno.

Finalmente, conviene interrogar el propio marco de esta discusión. Que la interculturalidad se juegue hoy en padrones electorales y sistemas de admisión revela hasta qué punto el reconocimiento ha sido absorbido por la gestión. Una agenda crítica no debería aspirar a perfeccionar los filtros de acceso, sino a preguntarse por qué la pertenencia a un pueblo indígena continúa siendo, en pleno siglo XXI, una condición que debe ser probada ante quienes intentaron extinguirla.

Nota de autor: El contenido textual y las imágenes de esta publicación han sido generados con apoyo de inteligencia artificial. Sin embargo, la historia, los hechos y los testimonios aquí relatados son completamente reales. El texto original fue elaborado previamente por el autor, y la IA se ha utilizado únicamente para reorganizar y dar forma narrativa al contenido sin alterar su veracidad.

Referencias

Coulthard, G. S. (2014). Red skin, white masks: Rejecting the colonial politics of recognition. University of Minnesota Press.

Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. Stanford Law Review, 43(6), 1241–1299.

Fraser, N. (1997). Justice interruptus: Critical reflections on the “postsocialist” condition. Routledge.

Organización Internacional del Trabajo. (1989). Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). OIT.

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander (Ed.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales (pp. 201–246). CLACSO.

Walsh, C. (2009). Interculturalidad, Estado, sociedad: Luchas (de)coloniales de nuestra época. Universidad Andina Simón Bolívar / Abya-Yala.


jueves, 13 de agosto de 2026

La tensión irresuelta entre la justicia indígena y los derechos individuales en América Latina: Pluralismo jurídico e interculturalidad:

 



El reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico en países como Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y México ha sido celebrado como uno de los avances más significativos del paradigma intercultural en América Latina. Sin embargo, este reconocimiento —lejos de zanjar el debate— ha abierto una fractura teórica y política que la literatura especializada suele evitar nombrar con claridad: ¿qué ocurre cuando el ejercicio de la jurisdicción indígena, protegido como derecho colectivo, colisiona con los derechos individuales de mujeres, niñas, niños o disidencias sexuales pertenecientes a esos mismos pueblos? Este artículo sostiene que la interculturalidad, tal como ha sido institucionalizada, ha privilegiado una lectura culturalista y armonicista del conflicto, evadiendo su dimensión más incómoda: la posibilidad de que ciertas prácticas de la justicia comunitaria vulneren derechos humanos básicos en nombre de la autonomía cultural.

1. El giro intercultural y el pluralismo jurídico

Autores como Boaventura de Sousa Santos y Catherine Walsh han sido decisivos en instalar la interculturalidad crítica como proyecto político que cuestiona la matriz colonial del Estado-nación y reivindica la coexistencia de sistemas normativos diversos. El reconocimiento de la jurisdicción especial indígena respondió a demandas históricas de autodeterminación y reparación frente a siglos de imposición jurídica occidental. Sin embargo, la implementación de este pluralismo ha sido asimétrica: mientras los Estados exigen a la justicia indígena someterse a un control de constitucionalidad o a los límites del bloque de constitucionalidad, en la práctica judicial ese control resulta selectivo y frecuentemente inoperante en contextos rurales de difícil acceso institucional.

2. La colisión con los derechos individuales

Casos documentados en distintos países de la región —linchamientos, castigos corporales, matrimonios forzados de adolescentes, o la resolución de violencia sexual mediante conciliación comunitaria que revictimiza a las mujeres— evidencian que la autonomía jurisdiccional puede operar en detrimento de quienes ocupan posiciones subordinadas dentro de la propia comunidad. La literatura feminista decolonial ha señalado que el problema no es la existencia del pluralismo jurídico en sí, sino la tendencia de ciertos sectores académicos y estatales a tratar 'la cultura' como un bloque homogéneo y armónico, invisibilizando las relaciones de poder internas —de género, de edad, de clase— que también atraviesan a los pueblos indígenas.

3. Universalismo versus relativismo: una falsa dicotomía persistente

El debate suele polarizarse entre quienes defienden un universalismo de derechos humanos que corre el riesgo de reproducir el etnocentrismo jurídico occidental, y quienes, desde un relativismo cultural extremo, terminan por naturalizar prácticas que ninguna comunidad revisa democráticamente porque el diálogo intercultural real —simétrico, no tutelado— rara vez ocurre. La antropología jurídica ha propuesto nociones como la de 'interlegalidad' para superar esta dicotomía, pero su traducción a política pública sigue siendo incipiente y, en muchos casos, meramente retórica.

4. El riesgo de la instrumentalización estatal

Los Estados latinoamericanos han utilizado selectivamente el discurso de la interculturalidad: se apela al respeto por la justicia indígena cuando conviene reducir la carga del sistema judicial ordinario o cuando se trata de conflictos de baja visibilidad mediática, pero se interviene punitivamente cuando los casos involucran a actores económicos poderosos —megaproyectos extractivos, por ejemplo— que reclaman protección bajo el derecho estatal 'universal'. Esta doble vara revela que la interculturalidad, despojada de una genuina redistribución del poder, corre el riesgo de convertirse en un discurso de gestión de la diferencia más que en una transformación efectiva de las relaciones interétnicas.

Conclusiones críticas

Este análisis permite sostener tres conclusiones. Primero, la interculturalidad institucionalizada en América Latina ha tendido a resolver discursivamente tensiones que en la práctica permanecen irresueltas, particularmente cuando los derechos colectivos de los pueblos indígenas entran en conflicto con los derechos individuales de sujetos históricamente subordinados dentro de esas mismas comunidades. Segundo, tanto el universalismo de derechos humanos como el relativismo cultural, en sus versiones más ortodoxas, resultan insuficientes: el primero arriesga reproducir jerarquías coloniales bajo apariencia de neutralidad jurídica; el segundo arriesga naturalizar la violencia intracomunitaria bajo apariencia de respeto cultural. Tercero —y quizás lo más polémico— la interculturalidad no puede seguir siendo tratada como un valor auto-evidentemente positivo ni como una política de reconocimiento sin costos; requiere mecanismos concretos de diálogo intercultural simétrico, con participación efectiva de las voces internamente disidentes (mujeres, jóvenes, disidencias sexuales) de los propios pueblos, así como una revisión honesta de cuándo el Estado invoca el pluralismo jurídico por convicción y cuándo lo hace por conveniencia administrativa o política. Sin esa revisión crítica, el pluralismo jurídico corre el riesgo de convertirse en una forma sofisticada —y progresista en apariencia— de abandono estatal hacia las poblaciones más vulnerables dentro de los propios pueblos indígenas.

Nota de autor: El contenido textual y las imágenes de esta publicación han sido generados con apoyo de inteligencia artificial. Sin embargo, la historia, los hechos y los testimonios aquí relatados son completamente reales. El texto original fue elaborado previamente por el autor, y la IA se ha utilizado únicamente para reorganizar y dar forma narrativa al contenido sin alterar su veracidad.

Referencias 

De Sousa Santos, B. (2009). Una epistemología del sur. Siglo XXI/CLACSO.

Walsh, C. (2009). Interculturalidad, Estado, sociedad: luchas (de)coloniales de nuestra época. Universidad Andina Simón Bolívar/Abya-Yala.

Segato, R. (2003). Las estructuras elementales de la violencia. Universidad Nacional de Quilmes.

Sánchez Botero, E. (2010). Justicia y pueblos indígenas de Colombia. Universidad Nacional de Colombia.

Stavenhagen, R. (2002). Los pueblos indígenas y sus derechos. UNESCO.


jueves, 16 de julio de 2026

La tensión entre el reconocimiento identitario como derecho y la sospecha estatal de fraude en el acceso a cupos y beneficios ligados a la pertenencia indígena.

 



Las políticas de acción afirmativa basadas en la pertenencia étnica —cupos universitarios, escaños reservados, tierras y beneficios estatales— dependen de un acto declarativo: la autoidentificación. En años recientes, casos de autoadscripción indígena sin trayectoria comunitaria verificable han reabierto, en Chile y otros países de la región, un debate incómodo sobre los límites de ese criterio. El presente artículo examina críticamente la tensión entre el reconocimiento identitario como derecho y la sospecha de fraude como respuesta estatal, argumentando que ambas posturas, llevadas al extremo, reproducen lógicas coloniales de control sobre los cuerpos y las identidades racializadas.

1. Introducción

El giro multicultural de las constituciones latinoamericanas instaló la autoidentificación como criterio jurídico para determinar la pertenencia a un pueblo originario, siguiendo el estándar fijado por el Convenio 169 de la OIT (1989). Este criterio, celebrado por desplazar definiciones raciales o biológicas impuestas desde el Estado, ha generado simultáneamente una controversia persistente: ¿qué ocurre cuando la autoidentificación se activa instrumentalmente para acceder a beneficios —cupos de educación superior, prioridad en programas de vivienda, participación política— sin arraigo comunitario, lingüístico o territorial verificable? El debate público chileno en torno a la denominada 'lista de espera' de la Ley Indígena y a acusaciones de autoadscripción oportunista ilustra que el problema no es meramente administrativo, sino que expone una fractura no resuelta en la teoría del reconocimiento.

2. El reconocimiento como derecho: fundamento y alcances

Desde la filosofía política de Taylor (1992) y su recepción crítica en Fraser (2000), el reconocimiento identitario se plantea como condición de justicia irreductible a la redistribución económica. Aplicado a los pueblos indígenas, el derecho a la autoidentificación protege contra la violencia histórica de la categorización externa: censos, fichas de fundo y registros coloniales que decidían 'quién era indio' según criterios fenotípicos o de utilidad productiva. Butler (2004) permite leer este derecho como resistencia a la imposición de marcos normativos que determinan qué vidas y qué identidades resultan inteligibles para el Estado. Bajo esta óptica, exigir prueba adicional a la palabra del sujeto reinstala precisamente la lógica que el derecho busca superar.

3. La sospecha de fraude: economía política del cupo étnico

La contracara del argumento anterior es empírica y distributiva. Cuando la pertenencia étnica habilita el acceso a bienes escasos —cupos universitarios con menor puntaje de corte, subsidios habitacionales, tierras—, la autoidentificación se convierte en un recurso disputado en un campo de escasez estructural, no solo en un acto de conciencia identitaria. Foucault (2007) ofrece aquí una clave de lectura: los dispositivos de gestión poblacional no desaparecen con el giro multicultural, sino que se desplazan hacia nuevos mecanismos de verificación —árboles genealógicos, certificados comunitarios, entrevistas de 'pertinencia cultural'— que terminan re-biologizando o re-territorializando lo que la ley pretendía dejar en manos del sujeto. La sospecha generalizada de fraude, además, tiende a recaer de manera desproporcionada sobre quienes menos capital cultural tienen para demostrar 'autenticidad' ante burocracias estatales, mientras deja intactas a las élites urbanas que instrumentalizan el mismo mecanismo con mayor pericia.

4. Interseccionalidad y los límites del criterio único

El análisis intersecional (Crenshaw, 1991) es indispensable para evitar que el debate se resuelva en el falso binario 'identidad verdadera versus fraude'. La experiencia de una mujer mapuche urbana de tercera generación migrante, desconectada del territorio pero socializada en prácticas culturales específicas, no es comparable a la de un solicitante sin ningún vínculo comunitario que invoca un apellido para efectos de puntaje. Reducir ambos casos a la misma pregunta —¿es o no es indígena?— oculta que la etnicidad se cruza con clase, género, territorio y generación de manera no lineal. Un diseño de política pública que ignore esta complejidad corre el riesgo de excluir a quienes el reconocimiento debía proteger, mientras habilita zonas grises para quienes buscan el beneficio sin compromiso comunitario alguno.

5. Interculturalidad crítica frente al dilema

Walsh (2009) distingue la interculturalidad funcional —que administra la diversidad sin tocar las estructuras de poder— de la interculturalidad crítica, que cuestiona el orden colonial subyacente a la propia definición estatal de 'lo indígena'. Desde esta perspectiva, el verdadero problema no es la autoidentificación en sí, sino que el Estado continúa siendo el árbitro final de la pertenencia étnica mediante criterios técnicos que él mismo diseña y modifica según coyunturas presupuestarias o mediáticas. Una respuesta crítica exigiría trasladar parte de la definición de pertenencia a las propias comunidades —mediante mecanismos de aval comunitario dialogados, no impuestos verticalmente— y, simultáneamente, atacar la escasez estructural que convierte a la etnicidad en un recurso disputado, en lugar de intensificar los controles individuales sobre los cuerpos que se autoidentifican.

Conclusiones

El debate sobre la autoidentificación étnica no admite una resolución técnica neutral: cualquier mecanismo de verificación adicional reinstala, en algún grado, la vigilancia estatal sobre cuerpos racializados que el propio derecho al reconocimiento pretendía desmontar. Sin embargo, negar toda forma de deliberación colectiva sobre la pertenencia en nombre de la autonomía individual desconoce que los pueblos indígenas también tienen derecho a definir sus propios criterios de membresía, sin que ello equivalga a fraude ni a esencialismo. La crítica aquí sostenida no es 'a favor' ni 'en contra' de la autoidentificación, sino contra la falsa premisa de que el problema puede resolverse endureciendo controles individuales mientras se mantiene intacta la escasez estructural de derechos que convierte la identidad en objeto de disputa. Una política pública coherente con la interculturalidad crítica debería fortalecer la capacidad de autogobierno comunitario en la definición de pertenencia y, a la vez, ampliar —no racionar— los bienes que hoy dependen de acreditar etnicidad, para que el reconocimiento deje de operar como mecanismo de escasez disfrazado de justicia.

Referencias

Butler, J. (2004). Precarious life: The powers of mourning and violence. Verso.

Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. Stanford Law Review, 43(6), 1241–1299.

Foucault, M. (2007). Nacimiento de la biopolítica: Curso en el Collège de France (1978-1979). Fondo de Cultura Económica.

Fraser, N. (2000). Rethinking recognition. New Left Review, 3, 107–120.

Organización Internacional del Trabajo. (1989). Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

Taylor, C. (1992). Multiculturalism and 'the politics of recognition'. Princeton University Press.

Walsh, C. (2009). Interculturalidad crítica y educación intercultural. En J. Viaña, L. Tapia y C. Walsh, Construyendo interculturalidad crítica (pp. 75–96). Instituto Internacional de Integración.

Nota de autor: El contenido textual y las imágenes de esta publicación han sido generados con apoyo de inteligencia artificial. Sin embargo, la historia, los hechos y los testimonios aquí relatados son completamente reales. El texto original fue elaborado previamente por el autor, y la IA se ha utilizado únicamente para reorganizar y dar forma narrativa al contenido sin alterar su veracidad.

jueves, 28 de mayo de 2026

Racismo, Homofobia y Poder Corporativo: Cuando el Privilegio Vuela en Primera Clase

 


Una Noticia que Encendió las Redes

A mediados de mayo de 2026, el ciudadano chileno Germán Naranjo Maldini, de 51 años, fue detenido por la Policía Federal de Brasil en São Paulo, tras proferir insultos racistas y homofóbicos contra miembros de la tripulación de un vuelo de LATAM el 10 de mayo. El caso fue reportado por El País en su edición chilena  (VER ACÁ LA NOTA COMPLETA Y EL VIDEO) y se viralizó rápidamente tanto en Chile como en Brasil, desatando un intenso debate público sobre racismo estructural, impunidad corporativa y los límites del privilegio de clase. El tripulante afectado, con 20 años de carrera, declaró que 'nunca había vivido una situación así', y que el video viral mostraba solo una pequeña parte del altercado, que se extendió por más de una hora.

El caso del ejecutivo chileno detenido en Brasil por conductas racistas y homofóbicas durante un vuelo internacional, es un caso paradigmático de las tensiones entre discursos corporativos de inclusión y las prácticas discriminatorias que persisten en espacios de poder. Desde una perspectiva crítica intercultural, se examina el rol de las instituciones, el marco normativo comparado y los límites del modelo disciplinario empresarial frente a la violencia estructural.

Este episodio protagonizado por un alto ejecutivo de la empresa pesquera Landes en un vuelo Frankfurt–Santiago no constituye un hecho aislado ni una mera 'conducta individual inapropiada'. Representa, en cambio, una manifestación sintomática de lógicas más profundas: la intersección entre privilegio de clase, racismo estructural y homofobia en contextos donde el poder corporativo actúa históricamente como escudo frente a la rendición de cuentas.

Este nuevo caso de racismo protagonizado por un chileno ocurre meses después de otros tres conocidos en 2026, lo que obliga a interrogarse sobre si estamos ante una 'oleada' o ante la visibilización —gracias a los registros audiovisuales y las redes sociales— de prácticas que antes quedaban impunes en la opacidad de los espacios semiprivados.

El Espacio Aéreo como Microcosmos de las Desigualdades Sociales

El avión, entendido desde la sociología del espacio (Lefebvre, 1974; Augé, 1992), es un 'no-lugar' que condensa jerarquías: clase ejecutiva versus turista, pasajero versus tripulante, empleador simbólico versus trabajador de servicio. En este encuadre, las frases 'Negro, mono, no te conozco. Los monos andan en los árboles', acompañadas de gestos imitando primates, no son insultos espontáneos: son la exteriorización de un imaginario racista sedimentado que asocia negritud con animalidad, herencia directa de la episteme colonial.

La dimensión homofóbica añade otra capa analítica. Las frases 'Es un problema para mí ser gay' y 'La piel negra... el olor a negro, a brasileño' revelan una violencia de doble eje —racial y sexogenérica— que Kimberlé Crenshaw (1989) denominó interseccionalidad. El agresor no discrimina en abstracto: discrimina a un cuerpo negro y potencialmente queer, activando simultáneamente múltiples sistemas de opresión.

La Respuesta Corporativa: ¿Sanción o Gestión de Imagen?

La empresa Landes manifestó públicamente que condena 'de manera categórica y sin matices todo acto de discriminación, racismo u homofobia', calificando estas conductas como 'absolutamente incompatibles' con sus valores. Días después, Naranjo fue despedido de su cargo de gerente comercial.

Desde la teoría organizacional crítica (Alvesson & Willmott, 1992), cabe preguntarse: ¿cuántos de estos 'valores corporativos' existen más allá del manual de ética? ¿Habría existido sanción sin viralización? La respuesta empresarial llegó después de la presión mediática, no como resultado de un protocolo interno de denuncia. Esto revela que los mecanismos institucionales de control de la discriminación siguen siendo reactivos y performativos antes que preventivos y estructurales.

El Marco Normativo Brasileño como Punto de Inflexión

Un elemento central del caso es el escenario jurídico. Desde 2023, Brasil equiparó la injuria racial con el delito de racismo, haciéndolo imprescriptible y no excarcelable mediante fianza. La normativa establece penas de entre 2 y 5 años de cárcel. Asimismo, desde 2023 la Corte Suprema de Brasil dictaminó que los insultos homofóbicos también son sancionados penalmente.

Chile, en contraste, carece de una legislación equivalente de semejante contundencia. Esta asimetría normativa entre países de la región plantea una pregunta incómoda: ¿es la detención de Naranjo un avance en materia de derechos o una anomalía jurisdiccional que no se habría producido si el vuelo hubiera aterrizado en Santiago?

Conclusiones desde una Mirada Crítica

El caso Naranjo Maldini incomoda precisamente porque desafía narrativas consoladoras. No fue un individuo marginal ni un 'ignorante': fue un gerente comercial con más de una década en una empresa relevante, viajando en representación institucional. Esto obliga a cuestionar el supuesto de que la educación, el estatus socioeconómico o la posición corporativa son antídotos contra el racismo y la homofobia. No lo son; en muchos casos, los amplifican al operar bajo el paraguas del privilegio.

La viralización del caso en Chile y Brasil tuvo el mérito de obligar una conversación incómoda, pero también el riesgo de funcionar como catarsis colectiva sin transformación estructural: indignación efímera que no modifica legislación, no reforma empresas ni educa sistemas. La condena moral masiva en redes sociales, si no va acompañada de cambios normativos, formativos e institucionales, se convierte en espectáculo de la virtud pública.

Finalmente, la defensa del imputado —alegando que 'no recuerda el incidente' debido a tratamiento psicológico y medicamentos para dormir— ilustra un patrón conocido: cuando el poder es interpelado, apela a la vulnerabilidad individual para eludir la responsabilidad colectiva. El análisis crítico intercultural nos exige no caer en esa trampa: los cuerpos que sufrieron la agresión son reales, el daño es concreto, y ningún estado de somnolencia farmacológica borra la estructura de valores que hace posible ese tipo de violencia.

Referencias

Augé, M. (1992). Non-lieux: introduction à une anthropologie de la surmodernité. Seuil.

Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex. University of Chicago Legal Forum, 139–167.

Lefebvre, H. (1974). La production de l'espace. Anthropos.

Alvesson, M. & Willmott, H. (1992). Critical Management Studies. Sage.


Nota de autor: El contenido textual y las imágenes de esta publicación han sido generados con apoyo de inteligencia artificial. Sin embargo, la historia, los hechos y los testimonios aquí relatados son completamente reales. El texto original fue elaborado previamente por el autor, y la IA se ha utilizado únicamente para reorganizar y dar forma narrativa al contenido sin alterar su veracidad.

jueves, 21 de mayo de 2026

¿la institucionalización de la diversidad la empodera o la neutraliza?



 En las últimas dos décadas, el lenguaje de la diversidad, la inclusión y la interculturalidad ha experimentado una migración semántica notable: de los márgenes del activismo político y los movimientos sociales hacia el centro de las estrategias corporativas, las políticas institucionales y los informes de sostenibilidad. Esta transición no es neutral. Cuando el discurso de la diferencia es adoptado por las mismas estructuras que históricamente la han penalizado, surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿la institucionalización de la diversidad la empodera o la neutraliza?

El presente artículo sostiene que la cooptación corporativa del discurso inclusivo constituye una forma sofisticada de despolitización de las demandas identitarias, convirtiendo la diversidad en un recurso de gestión antes que en un proyecto de transformación social. Para ello, se analizan los mecanismos a través de los cuales las organizaciones integran el lenguaje de la diversidad sin alterar sus estructuras de poder subyacentes, y se reflexiona críticamente sobre las implicancias de esta paradoja para los estudios de inclusión e interculturalidad.

2. De la reivindicación política al activo empresarial

La categoría de "diversidad" emerge con fuerza en el mundo anglosajón durante los años ochenta, vinculada a los movimientos por los derechos civiles, el feminismo de segunda ola y las luchas anticoloniales. Su potencia radicaba precisamente en su carácter disruptivo: nombrar la diferencia era nombrar la exclusión y exigir reparación estructural (Fraser, 1997). Sin embargo, a partir de los años noventa, el término comienza a ser resignificado en el vocabulario empresarial bajo una lógica distinta: la diversidad como ventaja competitiva, como innovación, como acceso a mercados diversos.

Este giro ha sido documentado por Ahmed (2012), quien, en su análisis de las políticas de diversidad en universidades del Reino Unido, observa que los documentos institucionales de diversidad frecuentemente funcionan como performance: producen la apariencia de cambio sin generar las condiciones materiales que lo hagan posible. Las oficinas de diversidad, los departamentos de DEI (Diversity, Equity and Inclusion) y las campañas de comunicación inclusiva operan, en muchos casos, como mecanismos de gestión de la reputación más que como motores de transformación organizacional.

3. El multiculturalismo liberal y sus límites

El marco conceptual dominante bajo el cual se implementan estas políticas es el del multiculturalismo liberal, que reconoce y celebra la diferencia cultural sin cuestionar las estructuras económicas y políticas que producen la desigualdad. Žižek (1997) ha señalado con acidez que el multiculturalismo liberal es una forma de racismo que mantiene al Otro en su lugar —tolerable, exótico, enriquecedor— siempre que no amenace el orden simbólico y material vigente.

Desde una perspectiva latinoamericana, Mignolo (2000) y Quijano (2000) aportan una crítica aún más radical: la interculturalidad funcional —aquella promovida desde los Estados y las corporaciones— no desafía la colonialidad del poder, sino que la reproduce bajo nuevas formas. Hablar de "pueblos originarios" en afiches publicitarios, mientras se mantienen estructuras de extracción territorial y precarización laboral, ilustra esta tensión con brutal claridad.

4. El tokenismo y la ilusión de representación

Uno de los efectos más visibles de la diversidad corporativizada es el tokenismo: la inclusión simbólica de individuos pertenecientes a grupos históricamente excluidos en posiciones visibles, sin modificar las dinámicas sistémicas que los excluyen. El token —término acuñado por Kanter (1977)— cumple una función ambigua: su presencia legitima a la institución frente a las demandas de representación, mientras que su excepcionalidad refuerza la norma que excluye al grupo al que pertenece.

Este fenómeno adquiere dimensiones nuevas en el contexto de las redes sociales, donde la visibilidad de cuerpos y trayectorias diversas se convierte en capital simbólico para las organizaciones. La estética de la diversidad —fotografías de equipos racialmente variados, campañas con personas con discapacidad, celebraciones del Mes del Orgullo— puede coexistir perfectamente con brechas salariales de género persistentes, ausencia de liderazgos étnicamente diversos en la toma de decisiones real, o prácticas laborales que penalizan la diferencia funcional.

5. Conclusiones: una mirada crítica

El análisis precedente conduce a conclusiones que incomodan a quienes trabajan en el campo de la inclusión y la diversidad desde una perspectiva progresista. La primera es que la institucionalización del discurso diversitario no garantiza —y en ocasiones obstaculiza— la transformación de las condiciones que producen la exclusión. La segunda es que los propios profesionales de la diversidad pueden convertirse, involuntariamente, en agentes de normalización del statu quo si su práctica se limita a cumplir métricas sin interpelar las estructuras.

Una política de inclusión genuinamente transformadora no puede limitarse a celebrar la diferencia; debe interrogar los mecanismos a través de los cuales esa diferencia ha sido históricamente producida como inferioridad. Esto implica una dimensión redistribuidora —acceso equitativo a recursos materiales— y una dimensión de reconocimiento —legitimidad epistémica de los saberes y experiencias no hegemónicas— que el paradigma corporativo sistemáticamente elude (Fraser & Honneth, 2003).

La interculturalidad crítica, en el sentido propuesto por Walsh (2009), no es un modelo de convivencia pacífica entre culturas dadas, sino un proyecto político de construcción de relaciones simétricas donde hoy existen asimétricas. Mientras las corporaciones y las instituciones adopten el lenguaje de la diversidad para conjurar sus efectos políticos, la academia tiene la responsabilidad de devolver a ese lenguaje su potencia perturbadora.

Referencias

Ahmed, S. (2012). On Being Included: Racism and Diversity in Institutional Life. Duke University Press. | Fraser, N. (1997). Justice Interruptus. Routledge. | Fraser, N. & Honneth, A. (2003). Redistribution or Recognition? Verso. | Kanter, R. M. (1977). Men and Women of the Corporation. Basic Books. | Mignolo, W. (2000). Local Histories/Global Designs. Princeton University Press. | Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. Clacso. | Walsh, C. (2009). Interculturalidad crítica y educación intercultural. III-CAB. | Žižek, S. (1997). Multiculturalism, or the Cultural Logic of Multinational Capitalism. New Left Review, 225.


Nota de autor: El contenido textual y las imágenes de esta publicación han sido generados con apoyo de inteligencia artificial. Sin embargo, la historia, los hechos y los testimonios aquí relatados son completamente reales. El texto original fue elaborado previamente por el autor, y la IA se ha utilizado únicamente para reorganizar y dar forma narrativa al contenido sin alterar su veracidad.

jueves, 2 de abril de 2026

Pueblo Rom en Chile: entre el estigma del robo y los desafíos de la inclusión e interculturalidad

 


El pueblo Rom, denominado popularmente como 'gitano', constituye una de las etnias con mayor presencia en el mundo, con estimaciones que superan los 10 millones de personas en Europa y varios cientos de miles distribuidos en América Latina (Rätzel & Mughal, 2020). En Chile, su presencia data de la época colonial, aunque la migración más significativa ocurrió en la primera mitad del siglo XX, proveniente de Europa del Este (Contreras, 2017). Pese a su larga historia en el país, el pueblo ROM permanece excluido de los marcos normativos de reconocimiento étnico: la Ley N.° 19.253 —Ley Indígena— no los contempla, y las políticas de interculturalidad del Estado chileno han privilegiado a los pueblos originarios locales sin incorporar la diversidad afrodescendiente ni étnica de raíz europea oriental.

Esta condición de invisibilidad jurídica coexiste con una visibilidad negativa sostenida por estereotipos de larga data, entre los cuales destaca, con especial persistencia, la representación del gitano como ladrón. Comprender la génesis, función social y consecuencias de dicho estereotipo es el primer paso para articular una respuesta desde la inclusión y la interculturalidad.

2. El estereotipo del robo: racismo estructural e imaginario social

La asociación entre pueblo Rom y robo no es una percepción espontánea ni inocente; es, en términos de Bonilla-Silva (2014), una expresión del racismo estructural: un sistema de prácticas, representaciones e instituciones que produce y reproduce jerarquías étnico-raciales como si fueran naturales. Este estereotipo opera en al menos tres dimensiones.

En primer lugar, como herencia colonial europea. La criminalización del pueblo Rom en Europa comenzó en los siglos XV y XVI, cuando fueron catalogados de vagabundos, herejes y ladrones en numerosas pragmáticas reales. Estas representaciones viajaron con la colonización al continente americano e imprimieron en el imaginario colectivo latinoamericano una imagen del gitano ligada al engaño y al delito (Mészáros, 2008).

En segundo lugar, como efecto de la exclusión sistémica. Las poblaciones excluidas del acceso al empleo formal, la propiedad y la educación son más propensas a desarrollar economías informales o ilegales. Atribuir esta situación a una supuesta 'naturaleza étnica' del robo es una operación ideológica que invierte la causalidad: no es la etnia la que produce la marginalidad, sino la marginalidad la que es producida por estructuras de exclusión y luego atribuida erróneamente a la identidad étnica (Wacquant, 2007).

En tercer lugar, como práctica de diferenciación social. Taussig (1987) señala que el miedo al otro es frecuentemente proyectado sobre grupos étnicos visiblemente distintos, construyendo una alteridad amenazante que legitima la discriminación. En el caso Rom, la diferencia cultural —indumentaria, nomadismo, prácticas comerciales— ha funcionado como significante del peligro en contextos en que la homogeneidad cultural es valorada socialmente.

«Las representaciones sobre el 'otro' no describen una realidad preexistente, sino que producen activamente esa realidad a través de discursos, instituciones y prácticas repetidas.» (Hall, 1997, p. 259)

En Chile, estudios como los de Gajardo y Rubilar (2019) evidencian que el 68% de los encuestados asocia al pueblo Rom con actividades ilícitas, cifra que contrasta con la escasa representación del grupo en estadísticas judiciales efectivas. Esta brecha entre percepción y realidad revela el peso del estereotipo como dispositivo discursivo más que como descripción empírica.

3. Inclusión e interculturalidad: marcos para pensar la diferencia

Desde la perspectiva de la interculturalidad crítica (Walsh, 2012), el reconocimiento de un pueblo no puede limitarse a la tolerancia folklorizada de sus expresiones culturales. Requiere una transformación de las estructuras de poder que históricamente han producido su subordinación. Aplicada al caso Rrom, esta perspectiva exige cuestionar el monoculturalismo implícito de las políticas chilenas de diversidad, que tienden a reconocer la diferencia étnica únicamente cuando esta se enmarca en la narrativa de los pueblos originarios precolombinos.

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD), ratificada por Chile, obliga al Estado a adoptar medidas especiales para proteger a grupos en situación de vulnerabilidad étnico-racial. Sin embargo, la ausencia del pueblo Rrom en el Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas, y su exclusión del Programa de Educación Intercultural Bilingüe, configura una omisión que puede ser calificada como discriminación por inacción (INDH, 2022).

La inclusión, entendida en clave de derechos y no solo de integración funcional (Ainscow, 2020), implica garantizar al pueblo Rrom acceso equitativo a salud, educación y vivienda, pero también reconocimiento de su lengua (romaní), su sistema de valores (romanipé) y sus formas de organización social. Este reconocimiento no supone aceptación acrítica de todas las prácticas culturales, sino el inicio de un diálogo intercultural respetuoso que opere en igualdad de condiciones epistémicas.

4. Conclusiones críticas: lo que la inclusión aún le debe al pueblo Rom

El análisis precedente permite sostener, desde una mirada crítica, las siguientes afirmaciones:

Primero, el estereotipo del gitano ladrón no es un prejuicio residual que se disipará con mayor educación cívica; es un dispositivo racista estructuralmente funcional que requiere ser desmantelado mediante políticas públicas, currículo escolar transformador y medios de comunicación responsables. La denuncia aislada no es suficiente.

Segundo, la interculturalidad chilena opera aún en un registro superficial. La incorporación del pueblo Rom a los marcos de reconocimiento étnico del Estado no es un gesto de generosidad multicultural, sino una deuda de justicia histórica. Mientras persista su invisibilidad jurídica, toda política de inclusión será, en el mejor de los casos, incompleta.

Tercero, la academia —incluida la educación de posgrado— tiene responsabilidad en este proceso. La producción de conocimiento sobre el pueblo Rom en Chile es escasa, frecuentemente exotizante y rara vez elaborada junto con sus propias comunidades. Una investigación verdaderamente intercultural exige metodologías participativas que pongan en diálogo los saberes académicos con los saberes Rom.

Finalmente, cabe advertir que el riesgo de toda política de inclusión es volverse un instrumento de asimilación encubierta. La inclusión que vale es aquella que no exige al incluido abandonar su identidad para ser reconocido; es la que transforma las condiciones del espacio común para que la diferencia pueda habitarlo con dignidad.

 

Referencias bibliográficas

Ainscow, M. (2020). Inclusion and equity in education: Making sense of global challenges. Prospects, 49(3–4), 123–134.

Bonilla-Silva, E. (2014). Racism without racists: Color-blind racism and the persistence of racial inequality in America (4.ª ed.). Rowman & Littlefield.

Contreras, D. (2017). Pueblo Rrom en Chile: historia, identidad y derechos. Ediciones FLACSO-Chile.

Gajardo, C., & Rubilar, G. (2019). Percepciones sociales sobre el pueblo gitano en Chile: Un análisis desde la discriminación estructural. Revista de Trabajo Social, 94, 45–62.

Hall, S. (1997). Representation: Cultural representations and signifying practices. SAGE / Open University.

Instituto Nacional de Derechos Humanos [INDH]. (2022). Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Chile. INDH.

Mészáros, G. (2008). Roma en las Américas: historia, exclusión y resistencias. Ediciones CLACSO.

Rätzel, N., & Mughal, M. A. (2020). The Roma people: Situating antigypsyism in a global context. Journal of Ethnic Studies, 8(2), 1–22.

Taussig, M. (1987). Shamanism, colonialism and the wild man. University of Chicago Press.

Wacquant, L. (2007). Los condenados de la ciudad: Gueto, periferias y Estado. Siglo XXI.

Walsh, C. (2012). Interculturalidad crítica y (de)colonialidad. Ensayos desde Abya Yala. Abya-Yala.

Nota de autor: El contenido textual y las imágenes de esta publicación han sido generados con apoyo de inteligencia artificial. Sin embargo, la historia, los hechos y los testimonios aquí relatados son completamente reales. El texto original fue elaborado previamente por el autor, y la IA se ha utilizado únicamente para reorganizar y dar forma narrativa al contenido sin alterar su veracidad.